La Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León está tramitando un nuevo decreto para regular los albergues de la comunidad y, entre varias medidas, diferencia entre los situados en el Camino de Santiago —con una singularidad más allá de los turístico— de los carácter general y vacacional.
La nueva normativa simplifica los procedimientos de acceso a la actividad empresarial de todos los albergues: basta con la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, sin que se tenga que esperar a una resolución administrativa para ejercer el negocio, adaptándose así a la regulación de la Unión Europea.
Se incorpora además la posibilidad de presentar la tramitación a través de medios electrónicos para adecuarse a la normativa de Estímulo a la Creación de empresas y a la “mejora en la eficacia de las relaciones entre la Administración y la ciudadanía”, según ha comunicado la Junta en una nota.
El decreto define como albergues en régimen turístico de Castilla y León a aquellos establecimientos que faciliten servicios de alojamiento al público general con o sin servicios complementarios y con la posibilidad de completar la oferta con actividades de ocio y educación.
Quedan excluidas, por tanto, las actividades de alojamiento que tengan fines sociales, institucionales o laborales; en instalaciones juveniles como campamentos o residencias; refugios de montaña; y las que se lleven a cabo en programas de la administración dirigidos a colectivos “necesitados de especial protección”.
Respecto a los albergues situados en el Camino de Santiago, la normativa crea tres subcategorías y regula aquellos sin ánimo de lucro, precisando los elementos definitorios de este concepto; así como los requisitos que deben cumplir.
Finalmente, el decreto incorpora dos anexos que regulan el distintivo identificativo de los albergues: los turísticos y los del Camino de Santiago en el primero, y el de los albergues de los peregrinos sin ánimo de lucro en el segundo.
El proyecto de decreto permanecerá publicado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León hasta el 23 de noviembre, para dar respuesta al trámite de audiencia pública y participación ciudadana y recibir las sugerencias de quienes quieran contribuir al mismo.
Leído en La Vanguardia
